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• El líder socialista anuncia iniciativas contra un impuesto que es "inasumible"

M. A.
mamoriza@epmediterraneo.com 
CASTELLÓN

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, anunció ayer en Castellón que su partido presentará iniciativas parlamentarias para frenar la nueva tasa que pretende imponer el Gobierno central de Mariano Rajoy al gas natural y que supondría unos costes adicionales para el sector cerámico de más de 43 millones de euros, según la propia patronal.
El líder socialista se reunió, acompañado del secretario provincial de su partido, Francesc Colomer; la secretaria provincial de Industria y Comercio de la formación Mari Carmen Aguilella; y del senador Enrique Navarro, con el presidente y el secretario general de Ascer, Joaquín Piñón, y Pedro Riaza, respectivamente, en la sede de la organización que representa a las firmas del sector.
El objetivo de la reunión fue analizar las consecuencias que tendrá para el azulejo la aplicación del nuevo impuesto, y que Puig definió como "graves", por lo que anunció el compromiso de "utilizar todas las herramientas con que cuenta el partido para evitar que se consume, ya que estamos ante una tasa inasumible para el sector". En este sentido, el también portavoz de Industria del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, ha calificado de "insólito" que desde el Gobierno se grave a aquella industria que más está exportando y que representa un pilar básico de la economía de la Comunitat Valenciana". Tras la reunión, también reclamó a la Generalitat el pago de la deuda con los institutos tecnológicos, como el de Tecnología Cerámica (ITC) de Castellón, porque "pone en peligro su continuidad y supone acabar con la capacidad de innovación que siempre ha caracterizado al sector". Para Puig, "un país no es un país socialmente avanzado sin una política industrial y ni el Gobierno de España ni la Generalitat la tienen, lo que hace más dificil si cabe, la salida de la crisis".
Puig recordó que "estamos ante un sector industrial estratégico, que da trabajo a más de 15.500 personas y que tiene unas ventas de casi 2.600 millones, lo que convierte á España en el segundo país productor europeo y séptimo mundial". Para los socialistas, la nueva tasa "pone en riesgo la supervivencia de cientos de empresas y miles de empleos".